El 1 de octubre pasado, se efectuó el cambio de gobierno en México, marcando la asunción de la dra. Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta constitucional del país. Este hito no solo implica un nuevo liderazgo, sino también un delicado proceso de transferencia de información gubernamental, que incluye datos personales y sensibles como nombres, direcciones, e información financiera y de salud. La ciberseguridad es crucial para mantener la confianza en las instituciones, especialmente en octubre, mes de la ciberseguridad en Europa y EE.UU., y que se propone trasladar a noviembre en México.

Durante una transición, los sistemas de información pueden ser particularmente vulnerables debido a cambios de personal y políticas, lo que puede abrir brechas temporales en la seguridad. Es vital cumplir con la normatividad de seguridad de datos y la confidencialidad, asegurando que toda persona involucrada en el manejo de datos personales los trate con discreción, incluso después de finalizar su relación con el gobierno.

La Ley General de Archivos es esencial en este contexto, fijando principios para la organización y conservación de documentos bajo el resguardo del gobierno. Los servidores públicos deben entregar dichos archivos al dejar sus cargos, incluyendo documentos de importancia histórica.

Para asegurar la ciberseguridad durante la transición, se necesita un robusto sistema de gestión que documente las medidas de seguridad en el tratamiento de datos personales. Este sistema debe facilitar el monitoreo, revisión y mejora continua de procedimientos para prevenir brechas de seguridad en archivos y bases de datos.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados requiere que, ante cualquier vulneración, se analicen sus causas y se implementen acciones preventivas y correctivas. Es imprescindible informar a los afectados y a las autoridades pertinentes sobre cualquier breach que impacte significativamente los derechos de los ciudadanos.

La importancia de una transición gubernamental segura y eficiente radica en proteger los datos personales y garantizar la estabilidad y confianza públicas en el gobierno.

Esto se logra mediante la aplicación de principios y medidas correctivas que aseguren la confidencialidad e integridad de la información durante y después de la transición.