En un movimiento que ha generado controversia, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos civiles están intensificando sus esfuerzos para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconsidere la limitación impuesta a la deducción de donativos. Esta medida, implementada a principios del año, establece un tope máximo a los montos que los contribuyentes pueden deducir de sus ingresos por concepto de donaciones a asociaciones y fundaciones.

Las ONG argumentan que esta restricción afecta significativamente su capacidad para captar recursos, lo cual repercute directamente en su operación y en la administración de proyectos de impacto social. Según representantes de estas organizaciones, la medida no solo desincentiva la filantropía, sino que también pone en riesgo miles de programas dirigidos a atender sectores vulnerables de la población.

La limitación en la deducibilidad de los donativos está debilitando el tejido social y poniendo en riesgo el bienestar de muchas comunidades que dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas,

manifestó un portavoz de una conocida ONG.

Por su parte, el SAT argumenta que esta política se ha diseñado para prevenir abusos fiscales y garantizar una mayor equidad en el sistema tributario. Desde su perspectiva, la deducción ilimitada de donativos había sido utilizada incorrectamente por algunos contribuyentes para reducir su carga fiscal de manera desproporcionada.

No estamos en contra de las donaciones, pero es necesario establecer límites que permitan un balance justo entre incentivar la filantropía y mantener la integridad del erario público,

afirmó un funcionario del SAT.

A pesar de las diferencias, ambas partes han expresado disposición para dialogar y explorar alternativas que permitan incentivar las donaciones sin comprometer la recaudación fiscal. Mientras tanto, las ONG continúan apelando al sector privado para que mantenga su apoyo, destacando la importancia de su labor en el tejido social del país. La coyuntura actual pone sobre la mesa un debate urgente sobre el papel del Estado, la fiscalidad y la colaboración público-privada en la promoción del bienestar social.