La violencia en América Latina y el Caribe está dejando una marca significativa en la economía de la región, costando aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este impacto incluye los gastos directos relacionados con seguridad y justicia, así como las pérdidas en productividad y calidad de vida.

El BID subraya que la inseguridad es un obstáculo crítico para el desarrollo económico y social, afectando negativamente la inversión, el turismo y los negocios locales. Entre las principales causas se encuentran el crimen organizado, la corrupción y la desigualdad económica, factores que exacerban la ya compleja situación de gobernabilidad en varios países de la región.

El informe destaca que los gastos en seguridad, aunque necesarios, representan una carga considerable para las finanzas públicas. Estos costos incluyen no solo el mantenimiento de las fuerzas policiales y el sistema judicial, sino también la pérdida de capital humano debido a las muertes prematuras y la migración forzada causada por la violencia. El BID advierte que este contexto perpetúa un ciclo de pobreza y desempleo que es difícil de romper.

“La violencia no solo afecta la percepción de seguridad sino que también se traduce en costos económicos reales y medibles que afectan a todos los sectores de la sociedad”, mencionó un representante del BID en la presentación del informe.

En algunos países, los costos derivados de la violencia y la delincuencia superan incluso los gastos en educación o salud, lo que resalta la urgencia por encontrar soluciones efectivas y sostenibles. Entre las recomendaciones del BID se encuentra la necesidad de fortalecer las instituciones, aplicar políticas públicas inclusivas y fomentar la cooperación regional para abordar de manera integral este problema.

El informe concluye afirmando que, para resolver el desafío de la violencia, es crucial que los gobiernos de la región se comprometan a realizar inversiones estratégicas y a implementar políticas que promuevan el desarrollo económico inclusivo y la cohesión social.