El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), está considerando asumir una parte importante de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) a nombre de la gigante petrolera estatal. Esta medida se plantea en un contexto donde Pemex enfrenta una significativa carga financiera, que ha elevado preocupaciones acerca de su viabilidad a largo plazo.

Fuentes cercanas al asunto han señalado que esta intervención por parte de Hacienda busca aliviar las presiones financieras de Pemex, cuya deuda totaliza más de 100 mil millones de dólares, convirtiéndola en una de las petroleras más endeudadas del mundo. La iniciativa tendría como objetivo mejorar las condiciones de financiamiento de la empresa y asegurar su estabilidad fiscal.

“Estamos evaluando mecanismos para fortalecer la posición financiera de Pemex, lo que potencialmente implica que Hacienda asuma parte de la deuda existente,” mencionó un funcionario de alto rango dentro del gobierno, quien solicitó no ser identificado debido a la sensibilidad del tema.

La propuesta de reestructuración podría incluir el intercambio de bonos y la emisión de nueva deuda con respaldo soberano, algo que permitiría a Pemex acceder a mejores condiciones de mercado, según los análisis de diversos economistas. Sin embargo, esta estrategia también representa un riesgo para las finanzas públicas del país, dado el elevado nivel de deuda que implicaría para el gobierno federal.

Analistas del sector energético han indicado que, si bien la medida podría ofrecer un respiro temporal a Pemex, es crucial que la empresa mejore su eficiencia operativa y reduzca costos para lograr una solución sostenible a largo plazo. La noticia ha generado diversas reacciones entre legisladores, inversionistas y expertos, quienes debaten sobre los pros y contras de incrementar la exposición del país a las eventualidades del sector energético global.

Por lo pronto, las conversaciones en torno a este tema continúan, y se espera que se tome una decisión en los próximos meses, en un intento por encontrar un equilibrio entre el apoyo estatal y la responsabilidad fiscal.