Estancamiento del salario real en México

El salario real en México ha permanecido estancado durante los últimos años, según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de un crecimiento nominal en los salarios, el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos no ha mejorado significativamente debido a la inflación y a otros factores económicos. Esto plantea un reto para mejorar el bienestar de la fuerza laboral en el país.

El reporte de la OIT destaca que, aunque el salario mínimo ha experimentado incrementos notables en los últimos tiempos, estos no han sido suficientes para compensar el aumento en el costo de vida. La inflación ha tenido un efecto erosivo sobre el salario real, lo que significa que, en la práctica, los trabajadores pueden comprar menos con sus sueldos actuales que hace algunos años.

“El crecimiento del salario real es fundamental para garantizar una mejora en el nivel de vida de los trabajadores y para incentivar el consumo interno, motor clave de la economía”, subraya el informe.

Además, el documento indica que las diferencias regionales y sectoriales en el incremento salarial han contribuido a una desigualdad persistente en el país. Mientras que algunos sectores, especialmente aquellos en regiones urbanas o en industrias más avanzadas tecnológicamente, han visto un mayor crecimiento salarial, otros permanecen rezagados, perpetuando disparidades significativas entre diferentes grupos de trabajadores.

El caso de México es reflejo de una tendencia más amplia en América Latina, donde la combinación de bajas tasas de desempleo y un incremento en el trabajo informal complican los esfuerzos por mejorar los salarios reales de los trabajadores. De continuar esta situación, advierte la OIT, podría haber consecuencias negativas para la cohesión social y el desarrollo económico del país.

Para enfrentar estos desafíos, la OIT recomienda políticas públicas centradas en mejorar la productividad y en la formalización del empleo, así como en desarrollar estrategias específicas para proteger el poder adquisitivo real de los trabajadores y fomentar un entorno laboral más equitativo.