El Gobierno de México enfrenta dudas sobre su capacidad para reducir el déficit fiscal al 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el próximo año, según lo planteado en el Paquete Económico. A pesar de los esfuerzos por equilibrar las finanzas públicas, expertos en economía consideran que el plan podría ser demasiado ambicioso dado el contexto actual.

Con el crecimiento económico en niveles moderados y las presiones inflacionarias afectando el poder adquisitivo de la población, el margen de maniobra del Gobierno para implementar políticas fiscales restrictivas es limitado. Además, el costo de los servicios de deuda y los programas sociales han incrementado el gasto público más allá de lo inicialmente esperado.

Analistas de varias instituciones financieras han expresado sus reservas sobre la propuesta del déficit, sugiriendo que los supuestos macroeconómicos en los que se basa pueden ser demasiado optimistas. Un economista de un banco local comentó,

“El crecimiento del PIB y la recaudación fiscal proyectados en el presupuesto son metas difíciles de alcanzar sin una reforma estructural que ataque la informalidad y amplíe la base de contribuyentes”.

Ante esta situación, el Gobierno ha señalado que se mantendrá vigilante de las condiciones económicas y, de ser necesario, ajustará sus estrategias para garantizar la sostenibilidad financiera del país. Sin embargo, los analistas argumentan que las medidas que se tomen podrían no ser suficientes si no se abordan los problemas estructurales de fondo.

Al respecto, se espera que en los próximos meses el Ejecutivo y el Legislativo trabajen en conjunto para buscar alternativas que permitan cumplir con los compromisos fiscales sin comprometer el crecimiento económico. Esto incluye la posibilidad de revisar programas de gasto y buscar nuevas fuentes de ingresos que no afecten negativamente a la población.

El debate sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo del déficit seguirá siendo un tema de interés a medida que se desarrolle el próximo año fiscal, con un enfoque en cómo las decisiones gubernamentales afectarán la economía nacional en el corto y mediano plazo.