En 2023, el sector privado en México experimentó una desaceleración significativa en su inversión en obras de infraestructura. De acuerdo a datos recientes, la inversión privada en proyectos de obra ha mostrado una tendencia descendente, originada por diversas causas que los analistas asocian con la incertidumbre económica y cambios regulatorios.

Uno de los factores principales que contribuyen a esta desaceleración es el clima de incertidumbre económica mundial. Las tensiones comerciales internacionales, junto con la inflación y el aumento de las tasas de interés, han afectado la disposición de las empresas para invertir en grandes proyectos. Las empresas están siendo más cautelosas y optan por proteger sus recursos hasta que el panorama macroeconómico sea más estable.

Paralelamente, en el ámbito nacional, las reformas regulatorias han generado preocupaciones entre los inversionistas. La percepción de riesgo político y las modificaciones en la legislación que impactan en el sector construcción han hecho que las empresas reconsideren sus estrategias de inversión. A esto se suma la burocracia que retrasa la obtención de permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo de nuevos proyectos.

Un experto en economía, consultado sobre el tema, comentó:

“La falta de claridad en las políticas gubernamentales y el riesgo asociado a la inversión en infraestructura desalientan al sector privado. Es fundamental restablecer la confianza para propiciar un entorno donde la inversión pueda crecer y contribuir al desarrollo del país”.

Ante este panorama, se estima que para revertir la tendencia, el gobierno necesita mejorar la comunicación con el sector privado, ofreciendo un marco estable y predecible que promueva la colaboración público-privada.

La reactivación del gasto en obra por parte del sector privado es crucial no solo para el crecimiento económico, sino también para la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura que México requiere para su avance competitivo a nivel global.