Una nueva denuncia ha sido presentada en Canadá contra la mina Camino Rojo, situada en el estado de Zacatecas, México. Esta acción legal ha sido interpuesta por representantes de comunidades locales y organizaciones no gubernamentales, quienes alegan violaciones a los derechos humanos y medioambientales cometidas por la empresa minera. La mina es operada por la compañía canadiense Orla Mining Ltd., que ha sido objeto de críticas debido al impacto de sus operaciones en la región.

Las quejas presentadas ante las autoridades canadienses destacan preocupaciones sobre el deterioro ambiental que ha provocado la minería en la zona. Entre los aspectos más críticos se señala la contaminación de fuentes de agua, la desaparición de flora y fauna local, así como el desplazamiento de comunidades indígenas. Los denunciantes aseguran que la mina ha afectado gravemente el modo de vida tradicional de las poblaciones aledañas, quienes dependen de sus tierras y recursos naturales para subsistir.

La denuncia también pone de manifiesto la supuesta falta de consulta previa e informada con las comunidades indígenas, un requisito en proyectos que afectan a estas poblaciones según normativas internacionales. En este contexto, los representantes de las comunidades argumentan que no se respetaron los derechos de los habitantes locales a dar su consentimiento o expresar sus preocupaciones antes del inicio de las actividades mineras.

Por su parte, Orla Mining Ltd. ha defendido sus prácticas, afirmando que operan bajo estrictos estándares ambientales y sociales. La empresa asegura estar abierta al diálogo y colaboración con las comunidades afectadas. En un comunicado reciente, un portavoz de la empresa afirmó:

“Nos comprometemos a trabajar de manera responsable, respetando los derechos de las comunidades locales y siguiendo todas las regulaciones pertinentes.”

La presentación de esta denuncia en Canadá subraya la creciente presión internacional sobre la industria minera para mejorar sus prácticas y asegurar que sus operaciones no menoscaben los derechos humanos ni el entorno natural en los países donde operan.