La Cámara de Diputados de México aprobó recientemente reformas a la Ley Federal de Derechos, la cual incluye aumentos significativos en las tarifas aplicables al sector minero. Estas modificaciones han generado un amplio debate entre los legisladores y en la sociedad, ya que la minería es una de las industrias más importantes para la economía del país.

Las reformas fueron aprobadas con 274 votos a favor, 110 en contra y 42 abstenciones, y son parte del Paquete Económico 2024 presentado por el Gobierno Federal. El objetivo principal de estas modificaciones es incrementar los ingresos fiscales provenientes de la minería, un sector que ha sido señalado por su bajo aporte tributario a pesar de sus elevados niveles de producción y exportación.

Uno de los puntos más controversiales de la nueva ley es el aumento en el porcentaje que las empresas mineras deberán pagar al Estado por la extracción de minerales. El gravamen pasará de 7.5% a 8%, lo que representará una mayor carga económica para las empresas del sector. Este ajuste ha generado críticas, pues algunos legisladores y empresarios consideran que podría desincentivar la inversión y afectar la competitividad de México en el mercado internacional.

“Este incremento en los derechos mineros es necesario para garantizar un reparto más justo de los beneficios generados por la explotación de nuestros recursos naturales”, comentó un diputado del partido gobernante durante el debate en el pleno.

Por otro lado, quienes critican la medida advierten sobre el riesgo de que las empresas mineras opten por reducir sus operaciones en el país o desplacen sus inversiones a otras regiones con condiciones fiscales más favorables. Aun así, el gobierno sostiene que los cambios son esenciales para mejorar la justicia fiscal y asegurar que las comunidades donde operan las minas reciban un mayor beneficio económico.

En las próximas semanas, se espera que el Senado revise estas reformas antes de proceder a su promulgación, etapa en la que nuevamente se discutirán los potenciales impactos económicos y sociales de su implementación.