En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2025, con el objetivo de financiar el gasto público del próximo año. La votación culminó con 275 votos a favor, 223 en contra y ninguna abstención, reflejando la fuerte polarización en torno a las políticas fiscales del actual gobierno.
La Ley General de Ingresos es un instrumento clave que establece la cantidad de recursos que el Gobierno Federal podrá recibir durante el año fiscal, proveniente de diversas fuentes como impuestos, ingresos petroleros y no petroleros. Este año, la propuesta del Ejecutivo incluyó un crecimiento en la estimación de ingresos, ante la expectativa de un contexto económico más favorable a nivel local e internacional.
Representantes de la oposición criticaron duramente el proyecto, argumentando que las proyecciones de ingresos son demasiado optimistas y que no consideran adecuadamente los riesgos económicos globales, como la lenta recuperación económica post-pandemia y las tensiones geopolíticas. Según algunos diputados opositores, el Gobierno apuesta a una recuperación rápida, pero sin bases sólidas que sustentan esas expectativas.
“Esta ley está construida sobre una base de arena. No podemos permitir que el Gobierno siga emitiendo previsiones poco realistas que comprometan el bienestar financiero de la nación”, advirtió un legislador del Partido Acción Nacional.
Por otro lado, los legisladores afines a la administración actual defendieron el proyecto, argumentando que se trata de un reflejo de las políticas de austeridad que han caracterizado al gobierno, además de un esfuerzo por mantener las finanzas públicas sanas y sostenibles. También destacaron el crecimiento en el gasto social y en infraestructura dentro de las prioridades presupuestales.
Con la aprobación en San Lázaro, el documento ahora se remite al Senado de la República, donde se espera un debate igualmente intenso. El gobierno tiene como reto principal ajustar sus políticas fiscales para cumplir con los compromisos adquiridos frente a un contexto económico volátil y a las altas expectativas de desarrollo social en el país.
