En Chile, el escenario laboral de los repartidores de plataformas digitales ha experimentado un cambio significativo con la reciente aprobación de una nueva legislación que busca reconocer y proteger los derechos de estos trabajadores. Esta medida surge en respuesta a una creciente presión por regularizar las condiciones laborales en el sector, impulsada tanto por los trabajadores mismos como por diversos colectivos que abogan por una mayor justicia laboral en la economía digital.

La legislación, que se centra en los repartidores de plataformas como Rappi, Uber Eats y similares, establece que estos trabajadores deberán ser considerados como empleados formales con acceso a beneficios sociales básicos. Esto incluye derecho a un seguro de salud, acceso al sistema de pensiones y la formalización de contratos laborales que aseguren un ingreso mínimo fijo, independientemente de la cantidad de entregas realizadas.

Una de las innovaciones más destacadas de esta normativa es el establecimiento de un salario base, que garantiza estabilidad financiera para los repartidores, quienes anteriormente dependían exclusivamente de dinámicas variables y a menudo inestables. Así, se busca reducir la vulnerabilidad económica y brindar un soporte más sólido a quienes dependen de este tipo de empleo para su sustento.

El Ministro de Trabajo chileno señaló la importancia de estas reformas diciendo:

“Con esta legislación damos un paso crucial hacia la protección de los derechos de miles de trabajadores que, hasta hoy, no contaban con las garantías básicas que cualquier empleado merece. Es un reconocimiento justo a su aporte en la economía y un avance hacia mayor equidad en el mercado laboral”.

Por su parte, asociaciones de repartidores han recibido la noticia con optimismo, considerando que representa una victoria en su lucha por condiciones laborales dignas y justas. Sin embargo, advierten que la implementación de estas medidas debe ser monitoreada cuidadosamente para asegurar que las plataformas cumplan adecuadamente con las nuevas obligaciones impuestas por la ley.