El conflicto legal entre TV Azteca y el gobierno mexicano ha adquirido un nuevo matiz. El caso, que involucra un arbitraje internacional iniciado por la empresa de medios, ha tomado un giro inesperado luego de que el Estado mexicano presentara una solicitud formal para desestimar el proceso. Este arbitraje deriva de disputas sobre inversiones y obligaciones contractuales que, según TV Azteca, el gobierno no ha cumplido adecuadamente.
La estrategia del gobierno, como se menciona en los documentos presentados ante el tribunal, está fundamentada en varios argumentos que buscan convencer a los árbitros de la invalidez del caso. Un punto crucial es que el Estado considera que no se ha agotado la jurisdicción nacional antes de llevar el caso a instancias internacionales, un paso que consideran necesario según los tratados bilaterales de inversión.
“Es imperativo que se respete el debido proceso y se agoten todas las instancias legales en México antes de recurrir a arbitrajes internacionales”, argumentó un portavoz del gobierno.
Esta postura se alinea con la estrategia del gobierno de proteger los recursos públicos y asegurarse de que los conflictos legales se resuelvan conforme al marco legal interno. Sin embargo, TV Azteca sostiene que ha seguido todos los procedimientos adecuados y que el recurso al arbitraje internacional es legítimo y necesario para proteger sus inversiones.
Por su parte, TV Azteca ha declarado que el intento del gobierno por desestimar el caso no solo carece de fundamento, sino que también es una táctica dilatoria que busca prolongar el proceso sin abordar los problemas subyacentes. La empresa insiste en que se respeten los términos del tratado de inversión vigente, aludiendo a que cualquier interrupción en el proceso podría tener un impacto negativo en el clima de negocios e inversión del país.
El desenlace de este conflicto legal podría sentar precedentes importantes en materia de resolución de disputas entre el Estado y empresas privadas, afectando potencialmente futuras inversiones extranjeras en México. Los próximos pasos dependerán de la evaluación del tribunal arbitral, quien determinará si procede o no la solicitud de desestimación presentada por el Estado.
